El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, anunciado por el presidente Gustavo Petro, ha generado amplias reacciones en el país. El incremento del 9,54% para 2025, que representa 123.500 pesos adicionales, beneficia a más de 3.7 millones de trabajadores formales, quienes recibirán un salario de 1.423.500 pesos. Sin embargo, este ajuste también trae implicaciones económicas significativas, como el aumento de precios en bienes y servicios indexados al salario mínimo, entre ellos transporte público, seguros, copagos de EPS, y servicios notariales.

Para mitigar los efectos inflacionarios, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, anunció que el Gobierno planea desindexar cerca de 200 productos y servicios de este indicador. Mientras tanto, los trabajadores con ingresos cercanos al mínimo también se beneficiarán del aumento en el auxilio de transporte, que subirá de 162.000 a 200.000 pesos. Sin embargo, aquellos con ingresos superiores al salario mínimo no recibirán incrementos automáticos, enfrentando las alzas de costos en productos y servicios.

Por otro lado, los empresarios deberán asumir un incremento en los costos laborales. El aumento impactará directamente en las cotizaciones a seguridad social y prestaciones sociales, elevando el costo mensual de un empleado a cerca de 2.417.000 pesos en 2025. Esto incluye aportes a salud, pensión, riesgos laborales, primas de servicios y cesantías, lo que ha generado preocupación entre empleadores por el impacto en la sostenibilidad de las empresas.

Expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, han expresado preocupaciones sobre las consecuencias de este aumento. Señalan que podría incentivar la informalidad laboral, especialmente en microempresas, y aumentar la inflación, dificultando la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Aunque el incremento busca aliviar la situación económica de los trabajadores, las repercusiones en el mercado laboral y la economía en general siguen siendo objeto de debate.